Demoró más de un año desde que fue promulgada la Ley de Partidos, pero finalmente podrá aplicarse gracias al recientemente aprobado Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios que busca regular los ingresos, rentas y aportes de las agrupaciones políticas.La mala noticia es que, pese al tiempo transcurrido, el reglamento muestra vacíos que deben corregirse prontamente, para erradicar ese nefasto secretismo que ha rodeado al financiamiento de las tiendas partidarias. Es positivo que la norma obligue a las agrupaciones políticas a presentar ante la ONPE un balance inicial con sus rentas y propiedades. También deben presentar un reporte semestral de los aportes recibidos. Lo negativo es que no incluya ni precise las sanciones que recibirán aquellos partidos que incumplan con esas disposiciones. Basta ver cuál ha sido el comportamiento histórico de nuestros partidos, particularmente reacios a la hora de rendir cuentas o revelar el origen de sus finanzas. Una de las causas del desprestigio de la clase política ante el electorado es precisamente la falta de transparencia y ética de los partidos. Por lo mismo, para no desvirtuar el sentido de la ley bajo comentario, tiene que revisarse su reglamento y hacer cuanto antes los ajustes necesarios. Toda norma es perfectible, pero tampoco seamos demasiado tolerantes con ella.