El destino de US$12 millones de las cuentas bancarias de Electroperú está, desde ayer, en manos de los vocales de la Octava Sala Civil de Lima, quienes, en audiencia pública, escucharon los argumentos de los abogados de la Compañía de Alumbrado Eléctrico de Huacho S.A. (Caehsa), que exigen disponer del dinero, y los de la eléctrica estatal, que se oponen a ello. En la accidentada sesión, Álvaro Prialé, abogado de Caehsa, solicitó a la Octava Sala Civil la nulidad de la acción de amparo que, en 2007, el Poder Judicial otorgó a Electroperú y que logró frenar los millonarios embargos que sufría la estatal como consecuencia de las resoluciones del juez Rafael Medel Herrada.Según fuentes judiciales, el tribunal superior emitirá su fallo en agosto. Su decisión determinará si la pretensión de Caehsa -de cobrar a Electroperú los US$12 millones, en adición a los US$23.7 millones que ya le fueron entregados- es válida o si el daño causado en 1974 por la expropiación de dos grupos electrógenos ya fue en extenso reparado, tal como sostiene la compañía estatal.