Cuando se dio la Ley del Canon Minero en junio del 2001, la intención de esta norma fue aportar de manera equitativa al desarrollo económico de las regiones. Sin embargo, "la ambigüedad y falencias" de la iniciativa legal sólo produjeron enfrentamientos entre los pueblos por obtener mayores ingresos para sus jurisdicciones. Ante esta problemática, el congresista de Unión por el Perú (UPP), Washington Zeballos, quien preside el grupo de trabajo encargado de estudiar la Ley del Canon, presentó doce propuestas modificatorias para la ley.Entre los principales planteamientos hechos por el legislador figuran: Mayor fiscalización para los Gobiernos Regionales, seguimiento del proceso de recepción y asignación del canon minero, creación de un fondo de ahorro acumulable, optimización del uso de este recurso así como la distribución y transparencia del gasto. "En el 2007 el gobierno central se quedó con tres mil 337 millones de nuevos soles de las regiones", acusó Zeballos.