Mientras, por un lado, se hace más patente el crecimiento económico a niveles nunca antes vistos; del otro, persisten realidades inaceptables en un Estado de derecho vinculadas por ejemplo al derecho básico a la identidad.Según los Censos Nacionales 2007 del INEI, existen 552.084 personas sin DNI (el 3,2% de los mayores de 18 años) y, vinculado a ello, 277.628 sin partida de nacimiento. Es decir, un considerable número de peruanos son invisibles para el Estado y están en la selva y en sierra rural. Hay aquí un círculo vicioso de infamante discriminación que tenemos que cortar. Efectivamente, a la falta de acceso a educación, salud y servicios básicos de agua, se suma la imposibilidad de acceder a programas de apoyo social que buscan cubrir ese déficit, precisamente por carecer de identificación. Es decir, no existen para el Estado y son excluidos de cualquier beneficio.Hay aquí una gran deuda por saldar para incorporar a esos hermanos a la legalidad. Eso corresponde solo al Gobierno Central sino también a los gobiernos regionales y las municipalidades que están más cerca de las poblaciones de escasos recursos. Debe buscarse soluciones rápidas y creativas, junto con entidades privadas. Estas cifras deben servir al Estado para replantear sus políticas, empezando por afirmar su presencia en todo el territorio y avanzar en los grandes objetivos de la redistribución y la inclusión plena, que van de la mano de la educación y la promoción de los principios de ciudadanía y peruanidad con derechos y deberes.