Convencido de la necesidad de cambiar la matriz energética a la brevedad posible, el Presidente de la República, Alan García Pérez, subrayó la importancia de tomar medidas urgentes y de emergencia, con la finalidad de acelerar la gasificación en el país. Ello, como alternativa para sustituir el petróleo y sus productos energéticos derivados, cuyo precio internacional se ha acrecentado brutalmente, de 60 a 140 dólares por barril, en los dos últimos años. Y, antes de que esta crisis petrolera perjudique más a la economía nacional, todos los peruanos -Estado y Gobierno- debemos luchar por priorizar la producción y consumo de gas natural tanto para la industria como para el transporte vehicular, al margen de leyes y reglamentos que hasta hoy obstaculizan este vital objetivo. En este contexto, el Mandatario refirió que "el proceso de gasificación en el país no puede ser detenido por ningún reglamento". En verdad, las leyes y normas jurídicas complementarias se dictan para ordenar, reglamentar y beneficiar a la nación, facilitar las relaciones intersubjetivas entre las personas naturales y personas jurídicas, dando seguridad y garantía a las mismas, consolidar la armonía y la paz social en la colectividad, promover las inversiones y crear nuevos puestos de trabajo con mejores sueldos y salarios, etcétera. Si esto es así, entonces, el derecho está al servicio de la sociedad. De lo contrario, queda en evidencia que el Estado no puede seguir tolerando leyes caducas que entorpecen el desarrollo nacional. En esta misma dimensión, la inevitable e imperiosa acción que debe acometer el Poder Legislativo para aprobar leyes que coadyuven al avance y el crecimiento del país.
- [El Peruano,Pág. 12] /