El informe sobre la Oficina de Normalización Previsional (ONP), que ha publicado la Defensoría del Pueblo, es tan completo como desgarrador. Revela, de modo contundente, el vejatorio trato que deben soportar millones de peruanos de la tercera edad por parte de una entidad pública, justo en una edad en que necesitan más apoyo.Esta gravísima patología contra los derechos humanos, que fue denunciada por El Comercio, no puede continuar y demanda una acción urgente del Gobierno, el Congreso y de la sociedad para propiciar acciones de reforma.La primera medida debe ser cambiar la actitud de los burócratas de la ONP, que están a la defensiva y evalúan cada caso con ánimo negativo y hasta confrontacional. Muestra de ello es que se exija a los jubilados presentar pruebas documentadas de su desempeño laboral, algo que no les corresponde y que los coloca en una posición desesperante; y que, en lugar de pagar mejor a los jubilados, se gaste más de 65 millones de soles en abogados que viven de hostigar a los candidatos a pensionistas y de prolongar las controversias. ¿Seguiremos esperando que mueran más jubilados en este vía crucis, como sucedió con Ubilde Suárez, presidente de la Confederación de Jubilados, que falleció de un infarto en plena diligencia judicial?Ciertamente el problema no es de ahora, viene de muy atrás, cuando los gobiernos prácticamente desfalcaron el Sistema Nacional de Pensiones para cubrir el déficit fiscal. Ello, sumado a la ineficiencia de la entidad, creó un forado enorme y quebró el sistema, por lo que ahora las pensiones deben ser cubiertas por el Estado.Sin embargo, es evidente que a largo plazo esta situación es totalmente inviable, y obliga a una reingeniería del sistema público de pensiones, para mejorar el trato a los jubilados (por supuesto evitando estafas y suplantaciones, que promueven mafias vampirescas) y asegurarles una pensión a los millones que hoy carecen de ella. Ese es uno de los objetivos de la ley de mypes. Pero, junto con ello, urge debatir la propuesta de la Defensoría del Pueblo para elaborar un registro actualizado e individualizado de los aportes, como se hace en el sistema privado (AFP), empezando por los nuevos pensionistas.Es hora de cambiar. Es intolerable y vergonzoso que una sociedad democrática siga maltratando a ciudadanos de la tercera edad, que no reclaman favores sino simplemente que se les reconozca pensiones por las que trabajaron toda su vida.