Si se hubiera aprobado en el Congreso la ley de distribución de utilidades mineras, la emboscada a un grupo de policías en la ruta a Parcoy, en La Libertad, efectuada por mineros que exigían acogerse a este beneficio, y que provocó la muerte de un trabajador, no habría ocurrido, sostuvo el jefe del Gabinete, Jorge del Castillo."Un grupo de mineros atacó a los policías por lo que tuvieron que reaccionar. Lastimosamente murió un minero, pero nada justifica atacar a la Policía. La Policía va a un sitio para poner orden", detalló.Sostuvo que dichos mineros eran trabajadores de contratas y tercerizados que querían ser parte de la distribución de utilidades.