Dos universidades nos ofrecen información valiosa que ayuda a entender mejor el comportamiento de la sociedad en relación a los dos primeros años del gobierno aprista.El Grupo de Opinión de la Universidad de Lima señala en su última encuesta que el 47.7% de la población de la capital y el Callao está muy informada respecto al paro nacional que convoca para hoy la CGTP y casi un tercio, de los que están informados, no comparte la protesta anunciada. Desde otro ángulo, el Instituto de Opinión Pública de la Pontificia Universidad Católica ausculta a nivel nacional que el Gobierno, en su tercer año, debe realizar mayores esfuerzos en promover la creación de más empleos, mejorar la calidad de la educación pública, enfrentar la delincuencia y la inseguridad, y la corrupción. En consecuencia, el paro nacional (que ha sido declarado ilegal por el Ministerio de Trabajo) y las jornadas de protesta que empezaron ayer en varios departamentos del sur, encuentran una explicación, además de los motivos políticos de los organizadores del paro, en el desencuentro entre el crecimiento que goza el país y las expectativas aún no satisfechas de amplios sectores sociales. Depositar los recursos financieros en cuentas regionales no es suficiente. El descontento que se percibe, en mayor medida al interior del país, también es un reflejo de los continuos problemas que afronta el proceso de descentralización, sobre lo cual poco se dice y casi nada se hace, tan sólo se sigue acumulando a los gobiernos regionales de mayores competencias.Además no son buenas señales la inacción de la Oficina Nacional de Anticorrupción (ONA) y la sepultura del Pacto Social, instituciones promovidas por el presidente Alan García. El Gobierno debe entender que no es suficiente crecer durante 82 meses consecutivos y atraer inversiones, que alcanzar el desarrollo toma períodos más largos y por lo tanto debe dejar de lado el tono triunfalista que muchas veces exacerba las expectativas de la población. Dura tarea será por tanto poner en ejecución el casi centenar de normas aprobadas por el Poder Ejecutivo, al amparo de facultades del Legislativo para que el país sienta la efectiva modernización del Estado y el crecimiento económico sea más inclusivo.
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