La Contraloría General de la República denunció que el Poder Ejecutivo promulgó un decreto legislativo, dentro del paquete de leyes dados bajo el amparo del TLC con los Estados Unidos, que tenía vicios inconstitucionales y le restaba atribuciones fiscalizadoras. El contralor Genaro Matute detalló que se trata del decreto legislativo 1031, que promueve la eficiencia de la actividad empresarial del Estado, según el cual se impide al órgano de control supervisar las auditorías que se realizan a las empresas públicas, como estaba establecido en su reglamento. "La norma es anticonstitucional e ilegal y estaremos presentando en los próximos días al Congreso un informe que haga notar esto", sostuvo Matute Mejía, en diálogo con La República.