De la Oficina Nacional Anticorrupción (ONA) ahora solo queda el nombre. Este organismo, que nació en enero pasado como uno de los grandes y pomposos anuncios del presidente Alan García, se encuentra acéfalo, sin recursos, sin apoyo, sin expertos y a la deriva. Si bien los problemas y las críticas comenzaron desde el mismo momento de su creación, estas se fueron agudizando día y día y llegaron a su peor estado ayer, cuando el presidente Alan García aceptó la renuncia de la "zarina" Carolina Lizárraga.Aunque la resolución suprema precisa que la ex jueza se alejó del cargo por "motivos de salud", en su decisión pesó la falta de apoyo económico del Ejecutivo. Según fuentes de Perú.21, tan difícil era la situación financiera que la ONA nunca terminó por implementarse y renovaba los contratos de sus trabajadores mensualmente. Además, ni siquiera tenía una laptop, ni un proyector multimedia.El ex procurador Iván Meini, quien integró la Oficina Anticorrupción hasta inicios de mes, confirmó a este diario la gravedad de la crisis y dijo que esta entidad requiere de una reestructuración. Advirtió que si no se otorga presupuesto, si las condiciones en las que trabaja el personal no mejoran y si las obligaciones de la institución no se precisan, "la ONA terminará de morir lentamente".