La fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, también puso su grano de arena. Advirtió que toda persona que altere la tranquilidad pública, cause disturbios o daños a la propiedad pública o privada podría ser sancionada hasta con ocho años de cárcel, según el grado de responsabilidad que le alcance, tal como establece el artículo 315 del Código Penal."Los fiscales, en cumplimiento de las atribuciones conferidas en el artículo 64 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, ya se encuentran en alerta máxima y continuarán con esta medida hasta después de la realización de las movilizaciones. Asimismo, actuarán inmediata y oportunamente ante cualquier hecho que altere el orden público y darán cuenta de su intervención al fiscal superior decano del distrito judicial correspondiente", añadió Echaíz.
- [El Comercio,Pág. A 6] /
- [El Peruano,Pág. 5] /