Si bien el derecho de protesta de los trabajadores está amparado en la Constitución y en nuestro ordenamiento jurídico, esto acarrea una serie de responsabilidades. En principio, ese derecho no es patente de corso para quebrantar la ley sino que exige madurez y civismo. Así como en democracia la CGTP puede convocar libremente esta clase de movilizaciones, tiene que asumir su responsabilidad por lo que ocurra ese día, incluidos eventuales desmanes.También debe garantizar que sus afiliados no quebrantarán las normas. Constituiría una práctica intolerante que cualquiera de los huelguistas pretenda impedir que otros acudan a sus centros de trabajo o restringir por la fuerza el servicio de transporte público. En el caso de que cause disturbios o se dañe la propiedad pública o privada, ello merecerá el máximo rigor de la ley. En nombre del derecho a la protesta no se debe camuflar a los violentistas.Asimismo, al Gobierno le asiste la ley para autorizar a las Fuerzas Armadas el resguardo de servicios públicos y puntos estratégicos para el desarrollo de las actividades. Sin embargo, su participación no debe salirse del marco legal establecido. La responsabilidad por cualquier exceso deberá ser asumida por el régimen.Por todo esto, la anunciada paralización de mañana miércoles, que más tiene de política que de reivindicación laboral, debe discurrir por una vía de respeto al imperio de la ley y de las garantías para todos aquellos que no desean perder ni un solo día de trabajo.