Entre otras lecturas, el paquete de normas que el Ejecutivo se ha apurado en promulgar para implementar el tratado de libre comercio con Estados Unidos constituye un paso audaz y muy valioso en el proceso de desarrollo del país. Y, sin duda, tendrá una definitiva influencia en el proceso de reforma del Estado, en el aumento de la eficiencia de la gestión pública y en un mejor equilibrio en la relación laboral-empresarial.Se trata de disposiciones importantes y, en ciertos casos, bastante densas que nos comprometemos a analizar en detalle, a fin de evaluar sus proyecciones, complejidades y también aspectos cuestionados ya por algunos sectores especializados que hubiesen querido medidas más englobantes. Sin embargo, en conjunto, bien podría decirse que estamos ante un corpus legal trascendental que evidentemente contribuirá a la modernización y a la competitividad que exige el desarrollo integral del país y la globalización. Así lo señala, en principio, la variedad de ámbitos que abarcan los recientes decretos legislativos. Solo el último sábado, cuando se cumplió el plazo para ejercer las facultades extraordinarias que el Congreso le concedió, el Ejecutivo aprobó 34 decretos que se suman a los 58 dados en lo que va del año. Son normas de índole laboral, infraestructura, reforma del Estado, competitividad y comercio, ambiente y agricultura, entre las que ahora solo destacamos la ley de mypes, que busca apuntalar el desarrollo de la microempresa y pequeña empresa, cuando el 80% del nuevo empleo es informal y se concentra, sobre todo, en esos sectores.Estas medidas pueden señalar un cambio de timón semejante al que se aplicó en los primeros años de la década pasada, y que cambió significativamente el enfoque económico y social del país, para dar inicio a una etapa de positiva pujanza económica. Luego, lamentablemente y como todos sabemos, ese logro fue trastocado por el propio gobierno, cuando se desencadenó la corrupción y se perdió el brío para afirmar las reformas iniciadas.