En contextos como el actual, en el que gracias al dinamismo del sector privado la economía peruana crece a tasas asiáticas y los distintos niveles de gobierno --central, regionales y municipales-- disponen de más recursos que nunca, es inaceptable que el ritmo de inversión en infraestructura ande tan lento. Crisis como el reciente "moqueguazo" son en buena parte un reflejo del entrampamiento en el que nos encontramos y de la incapacidad de los poderes públicos para salir del laberinto que impide la aceleración de dicha inversión. Como se sabe, la agencia de promoción de inversión del Estado es Pro Inversión, entidad que se creó a partir de la antigua Comisión para la Promoción de la Inversión (Copri), una vez culminado el exitoso proceso de privatización de las empresas estatales en los años 90. Visto desde afuera, este organismo, cuyo directorio está compuesto por un conjunto de ministros, es señalado con el dedo por tirios y troyanos como el responsable de la lentitud de procesos de concesión tan importantes, como el de las carreteras, los puertos y el tren eléctrico. Un análisis más detallado, sin embargo, nos pone frente a la realidad de un Pro Inversión que poco puede hacer sin toparse con trabas y vetos que esperemos se reviertan a partir de la implementación del paquete de medidas "para eliminar el síndrome del perro del hortelano" ("Semana Económica", 23/6/08).