No hay peor ciego que el que no quiere ver, reza el viejo dicho para referirse a quienes toman parte de una determinada posición sin detenerse a evaluar en profundidad determinados sucesos. Pues bien, en una clara muestra de falta de neutralidad, la Comisión de Pueblos Andinos, Ambiente y Ecología del Congreso, que preside Juan Perry, omitió darle crédito a las dos caras de la moneda al presentar el informe "Legalidad y Problemática de la empresa minera Majaz en los Territorios de las Comunidades Campesinas".Y es que el grupo de trabajo se limita a detallar los incidentes violentos que la resistencia antiminera ha debido afrontar, pero no cumple con citar los hechos de violencia contra la empresa Río Blanco Copper S.A. (ex Majaz) llevados a cabo por los antimineros. El informe no da cuenta de la colocación de tranqueras, la toma de plazas públicas o las presiones a las que fueron sometidos muchos campesinos para ser obligados a marchar en contra de Majaz y quemar campamentos mineros.