Pocos días después de que se solucionara la crisis social de Moquegua, que incluyó el bloqueo de la Panamericana Sur durante 10 días y el secuestro de 60 policías, la Defensoría del Pueblo pidió la intervención urgente del Gobierno en el conflicto que todavía se vive en la comunidad de Untuca, en Puno, donde los pobladores continúan ocupando las instalaciones de la minera Cartagena, en demanda de que se les ceda 300 hectáreas a unos dos mil mineros informales, y de que se cumpla con la ejecución de obras prometidas.El jefe de la Unidad de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo, Rolando Luque, señaló que el de Untuca es uno de los tres conflictos sociales que requieren ser atendidos a la mayor brevedad, junto con el de San Juan de Oro (también en Puno) y el del colector La Perla, en Lima.Afirmó que es necesaria la intervención del Gobierno Regional de Puno y de las autoridades del Ministerio de Energía y Minas para buscar una salida a la situación que se vive en esa comunidad desde hace tres semanas.