La ejecución de obras públicas ha sido una piedra en el zapato de los gobiernos regionales. Es decir tienen dinero pero no saben como gastarlo. Para aliviar un poco esta situación el Ejecutivo emitió una ley que permite a las empresas, en palabras simples, realizar obras por impuestos. Es decir al amparo de esta norma, las empresas privadas en general, independientemente de su tipo de actividad y de su ubicación, podrán financiar obras de infraestructura en las zonas que cuentan con recursos del canon (entre otros recursos). ¿De qué manera? Según la Asociación para el Fomento de la Infraestructura nacional (AFIN), la empresa firma un Convenio de Inversión Pública con el Gobierno Regional o Local. Luego financia la obra con recursos propios, y al terminarla el MEF le entrega los Certificados de Inversión Pública Regional y Local - Tesoro Público (CIPRL) por el monto de la obra con los que puede pagar su Impuesto a la Renta de tercera categoría. (Edición domingo).
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