Es una buena noticia que finalmente se haya resuelto el conflicto de Moquegua, merced a complejos acuerdos del Gobierno Central con los representantes del gobierno regional, los alcaldes y los grupos sociales.Sin embargo, no podemos dejar de llamar la atención y criticar el modo violento que caracterizó la protesta que mantuvo en vilo a todo el país, causó aislamiento y produjo graves daños económicos al sur y, peor aun, afectó seriamente el principio de autoridad.Resulta exigible y necesaria una reflexión objetiva sobre lo que falló y sobre los personajes, de uno y otro lado, que deben asumir responsabilidades. Sin un control de daños estaríamos expuestos a que se repitan conflictos que afectan a tantos y pudieron evitarse.Salta a la vista que el manejo policial de la crisis ha dejado mucho que desear. Fallaron los servicios de inteligencia y la estrategia, si la hubo, fue desastrosa, con interferencias entre las jerarquías y los mandos operativos y políticos, con las terribles consecuencias de ver a un general y a medio centenar de policías secuestrados. Esto amerita dos cosas: por un lado, una investigación imparcial por un organismo independiente, en la que no puede condenarse a priori ni tomarse como chivo expiatorio al general Alberto Jordán; y por el otro lado, un largo trabajo de concientización nacional, para subrayar que la autoridad se respeta, que nadie tiene derecho a pisotear la ley y que no son necesarios bloqueos ni secuestros para resolver conflictos. La violencia solo genera más violencia, y quienes la propiciaron deben ser judicializados y sancionados, para no sentar un peligroso precedente de impunidad.(Edición domingo).