Guerra avisada no mata gente. Este es un adagio que no se ha cumplido en el Perú durante los últimos meses, pues se conoce la existencia de conflictos sociales y, sin embargo, cuando estos se desatan, dejan fallecidos y, en el caso reciente de Moquegua, decenas de policías secuestrados por la población que reclamaba la redistribución del canon minero.El representante de la Defensoría del Pueblo en asuntos medioambientales, Vito Verna, señaló que el Gobierno conoce, pero no atiende, los 65 conflictos sociales considerados activos, muchos de los cuales están vinculados a demandas socio-ambientales.Verna señaló que su institución ha entregado al Ejecutivo la información sobre los conflictos existentes, en particular los localizados en los departamentos de Cajamarca, Puno y Áncash, que, en conjunto, tienen 37 demandas sociales que en cualquier momento podrían desencadenar en violencia.(Edición sábado).