El último reporte de delitos contra la administración pública de las procuradurías descentralizadas anticorrupción arroja una cifra alarmante: 16.593 personas que prestaron o prestan servicios como funcionarios de diversas entidades del Estado son procesadas en los juzgados y tribunales de las 30 jurisdicciones judiciales del país. El reporte, que corresponde al mes de mayo, señala que los ex servidores estatales y actuales funcionarios están siendo enjuiciados a través de 10.331 procesos por delitos como peculado, corrupción de funcionarios, concusión, abuso de autoridad, contra la fe pública, usurpación de autoridad, títulos y honores, violencia y resistencia a la autoridad. También pone en evidencia que desde el 2002 la mayoría de ex funcionarios y funcionarios acusados de estos delitos por las 30 procuradurías descentralizadas anticorrupción --que defienden los intereses del Estado ante igual número de distritos judiciales del país-- trabajó o trabaja en distintas entidades públicas situadas, en este orden, en Lima, Cusco, Junín, Puno e Ica.