Satisface que el canciller José García Belaunde haya ratificado de manera terminante que el retiro parcial del Perú del entorno de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es, simplemente, inviable.Sus declaraciones, en una entrevista con nuestro Diario, desestiman de plano las voces desentonadas de quienes han venido proponiendo el retiro total de la CIDH, tal como lo hizo el fujimorismo; la figura alternativa de la separación parcial en algunos asuntos y, finalmente, la de aquellos que recurrieron al fácil expediente de satanizar al tribunal supranacional, para desdeñar sus recomendaciones en la defensa de los derechos humanos.Evidentemente, las decisiones de la corte pueden ser críticas y hasta polémicas. Sin embargo, nadie puede desconocer su estatus de instancia indispensable para resguardar los límites de las administraciones judiciales de la región, incluyendo obviamente la peruana. Después de todo, su razón de ser es defender derechos fundamentales que no son protegidos por los estados.En el caso peruano, aún están en la memoria sus atinados pronunciamientos relacionados con la vigencia y alcance de los cuestionados tribunales militares, la escandalosa Ley de Amnistía (o "Ley Cantuta") aprobada por la mayoría fujimorista, sus puntuales observaciones a la legislación antiterrorista y otros errores judiciales. Apartarse del sistema interamericano de protección internacional de derechos humanos sería pues un error y un retroceso funesto. Así lo entendieron los gobiernos de Paniagua y Toledo cuando restablecieron el sometimiento del Perú a la competencia contenciosa y se empezaron a resolver progresivamente los conflictos que el Estado mantenía pendientes con la Corte y con la Comisión Interamericana.