La nueva ley de contrataciones del Estado, publicada la semana pasada por el Gobierno, como parte de las facultades legislativas delegadas por el Congreso (a fin de facilitar la implementación del TLC con EE.UU.), es generadora de controversias, toda vez que --asegura la Cámara de Comercio de Lima (CCL)-- "viene siendo cuestionada por los expertos y los actuales proveedores del Estado".Entre las principales críticas está la imposibilidad de elevar observaciones a las bases de los concursos a los que el Estado convoque ante el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), si el valor referencial del contrato no supera el millón de soles (o 300 UIT). En consecuencia, el único competente para resolver observaciones a las bases no acogidas sería el titular de la entidad. Una suerte de juez y parte, según la CCL.