Por coherencia con sus pronunciamientos anteriores y respetando la estructura política del Estado, el Tribunal Constitucional (TC) debe declarar la inconstitucionalidad de la ordenanza regional de Puno que legaliza el cultivo de la hoja de coca.Previamente, el TC sentenció que las ordenanzas de los gobiernos regionales del Cusco y de Huánuco, que pretendían el mismo absurdo en sus jurisdicciones, eran contrarias al orden constitucional, por lo que fueron totalmente desautorizadas y deslegitimadas. Efectivamente, dentro del andamiaje estatal, es potestad del Gobierno nacional y unitario dar leyes para fijar la política antidrogas del Estado, la que no puede estar expuesta a los caprichos o raptos demagógicos de algunos caudillos regionalistas.No está, pues, en duda el carácter tradicional y medicinal de la hoja de coca. Pero sí rechazamos frontalmente la absurda injerencia de algunos desubicados políticos regionales en un tema muy delicado. Y es que aparte de invadir fueros que no les corresponden, abren riesgosamente las puertas al cultivo indiscriminado de coca ilegal, le hacen el juego al narcotráfico criminal y podrían causar graves problemas internacionales. Actualmente, según cifras oficiales, los cocaleros le venden a Enaco solo tres mil toneladas de coca de las 110 mil que producen al año; y de estas seis mil se destinan al mercado informal y 100 mil van al narcotráfico. ¿Quién gana aquí?Se espera que la decisión del TC sobre la ordenanza puneña sea coherente y ajustada a derecho, de modo que siente un firme precedente contra las irresponsables iniciativas de algunos caudillos que, aparte de desprestigiar el liderazgo regional y afectar la estabilidad nacional, irrogan enorme gasto de tiempo, recursos y personal al país.A propósito, el TC tendría que evaluar la manera de rechazar de oficio iniciativas como la de Puno, que versan sobre temas ya tratados, rechazados y sentenciados previamente.