Otra vez Lima está en alerta por el fantasma de escasez de agua potable y, como sucede año tras año, se trata de una crisis anunciada que Sedapal es incapaz de evitar y manejar.Los problemas son antiguos: no se dispone de las obras de infraestructura que permitirían almacenar el agua en épocas de estiaje; tampoco se ha hallado solución a las fugas causadas por el estado calamitoso de las redes, un desperdicio que se ve incrementado porque no todos los inmuebles de Lima cuentan con medidores.Lo peor de ese círculo vicioso es que Sedapal penaliza a los más pobres: ellos son los que carecen del servicio domiciliario y quienes pagan 10 veces más por el agua de cisternas, expuestos a miles de riesgos. Es más, expertos aseguran que el millón de limeños que no tienen agua potable en sus hogares pierden 242 millones de dólares al año en recursos que deben emplear, por ejemplo, para cuidar su salud. Son consecuencias de un sistema político poco previsor que se niega a modernizar el servicio y dar a privados la responsabilidad de financiar obras que el Estado no puede realizar.