La discusión sobre la modificación del reparto de utilidades probablemente sea el tema de la semana. Con dos predictámenes, uno de la Comisión de Trabajo y otro de la Comisión de Economía, el panorama es aún más complejo. Si bien teóricamente las modificaciones planteadas no afectan a todos los actores, es claro que salga lo que salga, esta ley no contentará a todos. Las utilidades, que no son otra cosa que la participación de los accionistas en las ganancias de la empresa y cuya lógica se deriva de arriesgar dinero en una actividad empresarial, han sido compartidas con los trabajadores de las empresas que las generan desde la época de Velasco. Como se desprende claramente de la definición de “utilidades”, lo que la empresa entrega a los trabajadores no serían utilidades propiamente dichas, sino una bonificación extraordinaria que se genera cuando hay utilidades. Empero, la Constitución señala que los trabajadores tienen derecho a participar en las utilidades de la empresa y la legislación vigente lo contempla. Los proyectos que se barajan en el Congreso presentan varias alternativas. Ambos buscan que las utilidades se repartan entre los trabajadores de la empresa que las genera y los trabajadores de empresas de tercerización con desplazamiento. Un proyecto busca eliminar los topes de las utilidades y otro mantenerlos aunque con un aumento importante. Ambos proyectos eliminan el FONDOEMPLEO, dedicado a financiar proyectos de capacitación para trabajadores. Un proyecto crea un fondo de jubilación para los trabajadores de las empresas y dirige el impuesto a la renta que generarán los que reciban utilidades a las regiones donde se realiza la actividad principal de las empresas. Otro deja a las regiones sin recursos producto del remanente de las utilidades.En suma, este enredo legislativo en un tema que debería ser analizado con prudencia ha logrado que tengamos trabajadores que no quieren repartir sus ingresos con terceros porque, obviamente, recibirán menos utilidades; regiones resentidas porque tendrán menos dinero, ya que no recibirán el excedente de FONDOEMPLEO para obras de infraestructura; parte del impuesto a la renta dedicado a ciertos gobiernos regionales para solucionar el reclamo de los mismos que rompe el principio de caja única; y empresarios que, aunque no se les afecta económicamente, no saben si apoyar de una vez la medida o esperar a ver qué sale. El Congreso y el Ejecutivo deben reflexionar y dejar la política para normas menos importantes. Para reducir la pobreza debemos aumentar el empleo, y ninguno de estos proyectos lo logra. Señores, piensen en el trabajador, señala Cecilia Blume.