Resulta inadmisible que el anunciado objetivo del Gobierno de poner orden en el país no tenga, en algunos casos cruciales, un correlato en el respeto a los derechos fundamentales. Prueba de ello son las casi 33 mil quejas interpuestas ante la Defensoría del Pueblo principalmente por ciudadanos hartos de los maltratos que reciben a diario en diversas instituciones estatales.Lo que refleja el Undécimo Informe Anual de la defensoría es sencillamente una vergüenza. Y es que de manera reiterada otra vez los sectores Educación y Salud, así como la Oficina de Normalización Previsional (ONP), acumulan el mayor número de quejas.Lo dramático, sin embargo, no solo es la reiteración y el alto número de denuncias, sino la naturaleza de las quejas. En los dos primeros casos se trata de violaciones graves, que van desde acoso sexual a menores o cobros indebidos, hasta el maltrato a los pacientes, mala praxis o falta de medicamentos en los hospitales. En cuanto a la ONP, es un caso aparte. Al parecer, hoy ha sistematizado mejor sus procesos, pero su servicio sigue careciendo de los estándares de calidad que demandan los jubilados. Su función es prestar servicios esenciales a personas de la tercera edad que cumplieron con cotizar al antiguo Sistema Nacional de Pensiones y que no tienen la culpa de la incapacidad de los gobiernos para manejar sus aportaciones y registrar adecuadamente sus prestaciones.