En momentos de cambio y desarrollo en el país, es responsabilidad del Congreso apuntalar las reformas necesarias para modernizar el Estado y fomentar la economía social de mercado. Lamentablemente, no es lo que está pasando en la Comisión de Trabajo, que insiste en aprobar polémicos cambios a la Ley del Trabajador Portuario, que impondrían la negociación colectiva por rama de actividad y crearían un registro de trabajadores similar a la controvertida bolsa de trabajo y al sistema de "puntos y contrapuntos".Tales iniciativas son criticables, pues atentan contra la libertad de contratación que protegen la Constitución y la OIT y por las negativas experiencias en el sector portuario. Allí las cúpulas sindicales se han enquistado, con apoyo político, promoviendo argollas que distorsionan el mercado laboral y exigen cupos a los trabajadores.Claro que debe haber cambios en la legislación laboral, pero el remedio no puede ser peor que la enfermedad. Las iniciativas mencionadas deben ser analizadas exhaustivamente, dejando de lado cualquier consideración politiquera y solicitando la opinión de expertos, para no afectar el orden, la estabilidad ni la equidad.