Hace menos de un mes, el presidente Alan García le demandó a la Policía Nacional que, "con energía", hiciera uso legal de sus armas para contrarrestar las eventuales protestas y desórdenes que algunos sectores anunciaban que realizarían en el marco de la V Cumbre ALC-UE, que se desarrolló, a mediados de mayo, en Lima.La exigencia no fue gratuita. El mandatario se amparaba en el Decreto Legislativo 982 -promulgado por el Ejecutivo en julio de 2007-, que modifica el Código Penal a efectos de eximir de responsabilidad penal al personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que, "en cumplimiento de su deber y en uso de sus armas en forma reglamentaria, cause lesiones o muerte".