Una acción de inconstitucionalidad contra el Decreto Legislativo N°1015, que reduce el número de comuneros que deben decidir la venta o concesión de tierras de las comunidades de la selva y sierra, presentó ayer la Defensoría del Pueblo ante el Tribunal Constitucional.El documento señala que dicha norma, aprobada por el Ejecutivo hace dos semanas, vulnera los derechos constitucionales de participación y consulta de las comunidades campesinas y nativas, así como el derecho a la identidad cultural, reconocido por el inciso 19 del artículo 2º y por el artículo 89º de la Constitución Política del Perú. Explica que en la práctica afecta la organización comunal al no respetar su derecho a ser consultadas sobre las decisiones legislativas que las afectan, tal como lo exige el Convenio Nº 169-OIT, ratificado por el Perú en 1994, y que el Perú está obligado a cumplir. (Edición sábado).
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