La decisión parlamentaria de derogar el decreto de urgencia que fijaba en 14 las remuneraciones de los trabajadores públicos es lamentable e inoportuna.El manido argumento de la deficiencia procesal y constitucional del decreto pierde peso ante la falta de voluntad política para proponer ya medidas paralelas en coordinación con el Ejecutivo: ordenar las remuneraciones, regular la Unidad Remunerativa de Servicios Públicos y, más importante aún, retomar seriamente la postergada reforma del Estado. No hacer esto transmite una pésima señal a la ciudadanía, que percibe un nulo o escaso interés congresal por devolver orden y austeridad a la administración pública. El momento es por demás inadecuado, cuando se caldea el ánimo social por marchas gremiales y maniobras de-sestabilizadoras. Así, seguiremos con un régimen tan injusto como oneroso e indignante, que permite una burocracia dorada que cobra hasta 15 o 16 jugosos sueldos, mientras otros trabajadores solo perciben 14 sueldos irrisorios. Y mantener este régimen implicará solicitar créditos suplementarios, cuyo abuso podría afectar la caja fiscal. Todos los grupos parlamentarios deben asumir responsabilidad por tal desatino. La única manera de reivindicarse ante el pueblo que los eligió es actuar coherentemente y buscar consensos para sacar adelante, de una vez por todas, los proyectos de reforma del Estado.
- [El Comercio,Pág. A 4] /