La Defensoría del Pueblo presentó ayer ante el Tribunal Constitucional una demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto Legislativo 1015.Según la institución, la norma del Ejecutivo vulnera los derechos constitucionales de participación y consulta de las comunidades campesinas y nativas, así como el derecho a la identidad cultural, reconocidos por el inciso 19 del artículo 2° y el artículo 89° de la Constitución.Pero no solo se trata de un tema constitucional. La Defensoría señala que el dispositivo afecta el derecho a la identidad cultural ya que se ha intervenido sobre la organización comunal sin respetar el derecho de las comunidades a ser consultadas sobre las decisiones legislativas que las afectan, tal como lo exige el Convenio 169-OIT, ratificado por el Perú en 1994.(Edición sábado).
- [El Comercio,Pág. A 6] /