Es sintomático y revelador comprobar cómo el debate de dos aspectos laborales, a nuestro entender positivos, se ha desvirtuado y confundido de modo tal que se ha convertido en una prueba ácida tanto para el Gobierno como para los partidos de oposición parlamentaria, los empresarios y los mismos trabajadores.Se trata de los proyectos que regulan la tercerización laboral y el reparto de utilidades, cuya génesis se vincula a los excesos de algunas empresas contratantes y subcontratistas o "services" y a una promesa gubernamental de eliminar los topes de la ley actual. En cuanto a la tercerización se ha hecho evidente tanto la incapacidad tradicional del Ministerio de Trabajo para controlar y supervisar a las empresas y los "services", y evitar que sean utilizados para funciones principales, cuanto la falta de autocrítica e iniciativa de los empresarios, a través de la Confiep, para denunciar a los transgresores y proponer alternativas viables y consensuadas. ¿No se daban cuenta de que al final los perjudicados eran miles de trabajadores que injustamente eran desembarcados de la planilla y los beneficios consiguientes, lo que reclama una solución equitativa? Sin embargo, como lamentablemente ello no se dio, se ha ensayado soluciones legislativas no exentas de cálculo electorero por parte del Gobierno y la oposición, y al final se ha aprobado una autógrafa que debe ser evaluada por el Ejecutivo antes de promulgarla.Así, resulta lógico, justo y constitucional que se establezca que la subcontratación "debe someterse a las mismas reglas y requisitos que otorga el principal". Pero, continúa siendo polémica la amplitud de la "responsabilidad solidaria", en el sentido de que si la compañía que brinda servicios de tercerización no cumple con el pago de los beneficios laborales de su personal, la empresa que la contrata deberá asumir dicha deuda. Aquí, se carga sobre las empresas principales una función de control que, en principio, corresponde al Gobierno y la autoridad competente, y a más de eso tienen que responder económicamente por ello, lo que es excesivo. A más de eso, el propio Gobierno tendría que ser consecuente, pues muchos burócratas son contratados a través de "services". ¡Hay que medir a todos con la misma vara y predicar con el ejemplo!En lo que se refiere al reparto de utilidades, la finalidad de fondo es igualmente positiva, pero el tratamiento que se ha dado al tema deja mucho que desear. Dentro de ello, es criticable que los trabajadores mineros hayan escogido la oportunidad de la Cumbre ALC-UE para poner contra las cuerdas al Gobierno con la amenaza de un paro en esos días y que ahora reiteren dicha amenaza por la devolución del proyecto a la Comisión de Economía.Y si el Gobierno no debió aceptar a fardo cerrado todo el proyecto, lo más escandaloso e incongruente ha sido la conducta del grupo humalista en el Congreso, que igualmente por demagogia y politiquería, rechazó el proyecto. Su argumento de que se podría afectar el presupuesto de las regiones es por lo demás falaz, ya que la mayoría de gobiernos regionales tiene ahora más recursos, aparte de lo que reciben del canon, pero no tienen capacidad de gestión ni cuerpos técnicos para invertirlos en proyectos.En cualquier caso, el tema merece un debate más amplio y profundo, teniendo en cuenta también que el reparto de utilidades es un derecho que debe estar vinculado a la función y el desempeño de los trabajadores, preferentemente en un entorno formal no afectado por las irregularidades de los "services".Los gruesos errores e incongruencias señalados demandan para el futuro inmediato una actitud responsable, autocrítica y reflexiva de todos los actores comprometidos, para dar prioridad a los derechos laborales, pensando en los trabajadores, así como en la estabilidad y el desarrollo nacional; y no en los votos que algunos grupos puedan sacar en las próximas elecciones. No se puede legislar pensando en los aplausos o las ánforas. Ese es un egoísmo cortoplacista que siempre denunciamos por el gravísimo daño que se hace al país. (Edición sábado).