La luna de miel entre empresarios y gobierno parecería haber terminado por las normas sobre tercerización y participación de los trabajadores en las utilidades. La Confiep alertó sobre los inconvenientes de su aprobación, pero la bancada aprista apoyó la iniciativa, aprobándose la norma sobre tercerización y quedando en debate la ley de participación de los trabajadores en las utilidades. La ley que regula los servicios de tercerización contiene aspectos discutibles que deben ser revisados. Por ejemplo: 1) Se exige a la empresa de tercerización contar con sus propios recursos técnicos o materiales, impidiéndole usar mecanismos como el leasing o contratos de alquiler. Ello se le permite a cualquier empresa, siendo una herramienta de negocios indispensable. El impedirlo encarece innecesariamente la actividad, volviéndola menos competitiva. 2) Se establece como elemento característico de la tercerización la pluralidad de clientes, modificando la legislación actual, donde la pluralidad es coadyuvante y no esencial. El Congreso ha decidido que una empresa de tercerización no puede tener un único cliente, así éste sea la empresa más grande y próspera del país; ello no tiene lógica. El incumplimiento de lo antes señalado se castiga, en algunos casos, con el establecimiento de una relación de trabajo directa con la empresa principal. 3) La solidaridad del pago de derechos y beneficios laborales es una exigencia de la empresa de tercerización que se traslada a la principal. Los incumplimientos de cualquier obligación de pago deben exigírsele a la empresa que los genera. Claro, las empresas principales deben cuidar de contratar con empresas serias que deben ser fiscalizadas por el Ministerio de Trabajo. Con una ley como ésta todos pierden. La empresa principal lo pensará mil veces antes de tercerizar una labor, pues podría establecerse un vínculo laboral, lo que afectaría la esencia de la tercerización, incrementándose los montos a pagar por defecto de pago de la empresa de tercerización. Las empresas de tercerización medianas y pequeñas podrían cerrar por carecer de recursos materiales propios que ahora se exigen y porque se les prohíbe tener sólo un cliente, obviando la libertad de empresa garantizada en la Constitución. Así, la intención de proteger los derechos de los trabajadores termina afectando el empleo. El Perú expide leyes como ésta en la misma semana que firma dos TLC que abrirán nuevos mercados a las empresas peruanas más competitivas. ¿Podremos con esta rigidez laboral llegar a estos mercados con precios razonables? Por cierto, es hora de que el Congreso y el Ejecutivo se ocupen con la misma vehemencia de la situación de 60,000 SNP’s que trabajan en el Estado fuera de planilla, sin vacaciones, seguro, pensión ni CTS, señala Cecilia Blume.