En el fragor de los días de la Cumbre ALC-UE se publicó un decreto legislativo cuyo contenido no puede pasar desapercibido. Por un lado, establece que Pro Inversión se quedará con los grandes proyectos y con el manejo de las iniciativas privadas, y por el otro incrementa el porcentaje de endeudamiento del Gobierno para otorgar garantías a los proyectos que requieran cofinanciamiento, del 5% al 7% del PBI.Esto es fundamental para promover las concesiones y la inversión pública y privada, sobre todo en infraestructura, en lo que hay un déficit monumental, equivalente a 22 mil millones de dólares. Así, se empieza a aclarar el futuro de Pro Inversión, sobre lo que había una serie de especulaciones y, paralelamente y se establece criterios para formar los comités especiales de promoción de inversión privada (Cepri) en los ministerios. Adicionalmente, se define el marco de actuación del sector público para la evaluación, implementación y operación de infraestructura pública o la prestación de servicios con la participación del sector privado. Saludamos la buena voluntad del Gobierno para empezar a cambiar el anquilosado sistema de inversiones en todas las instancias del aparato público, incluidas las regiones. Sin embargo, es evidente que faltan algunas precisiones, que deberán reflejarse en los reglamentos respectivos, pero también hay que continuar evaluando procesos para que todo no quede en buenas intenciones.
- [El Comercio,Pág. A 4] /