La peruana Graña y Montero Petrolera (GMP), que integra la empresa Compañía Logística de Hidrocarburos Boliviana (CLHB) junto a la alemana Oiltanking GMBH, resulta un hueso duro de roer para el gobierno de Evo Morales, que tras expropiar los 19 terminales y casi 1,500 kilómetros de poliductos, ofreció pagarle US$20 millones, que fueron rechazados por considerarlos una suma irrisoria. El ministro de Relaciones Exteriores del Perú, José Antonio García Belaunde, informó a Correo que ante ese desacuerdo entre CLHB y el Ejecutivo de Bolivia, el gobierno del Perú, en coordinación con el de Alemania, gestionó llevar el caso a un tasador independiente internacional para conseguir un precio justo por la propiedad de la empresa, que apostó por Bolivia.