¿Otro ingrato perro del hortelano, esta vez andino y de dos cabezas? Una vez más, se ha hecho evidente la agenda obstruccionista y politiquera de los gobiernos de Bolivia y Ecuador en el seno de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Allí insisten maliciosamente en poner trabas a los proyectos de comercio internacional promovidos por el Perú, lo que reaviva intensamente el debate nacional sobre la conveniencia o no de permanecer en este foro subregional, que ha probado reiteradamente su incompetencia para la integración regional. Lo último en todo esto ha sido el bloqueo boliviano-ecuatoriano del pedido peruano para flexibilizar la Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial, sin ningún argumento técnico para oponerse, a sabiendas de que es una condición necesaria para implementar nuestro TLC con Estados Unidos .Puede ser entendible que Bolivia y Ecuador, por su polémica vinculación al obsoleto proyecto castrista y socialista de Hugo Chávez, no quieran vincularse a Estados Unidos; pero no tienen ningún derecho a menoscabar peligrosamente la soberana y coherente decisión peruana de hacerlo. Lo mismo pasa con la iniciativa para negociar con la Unión Europea, donde Bolivia y Ecuador insisten remolonamente en un tratado en bloque, quién sabe si solo para petardear la negociación bilateral que buscan Perú y Colombia en su esfuerzo por atraer más inversiones, crear más empleo y reducir la pobreza.Hay lugar a la suspicacia: recientemente el Perú tuvo que enviar una nota de protesta a Bolivia por las absurdas e insolentes declaraciones del presidente Evo Morales que calificó como un complot de la CIA el pedido peruano de extradición de su ex asesor Walter Chávez. E igualmente es un hecho que Bolivia ha amenazado varias veces con retirarse de la CAN y al parecer solo retornó a instancias de Chávez, para tenerla dentro como resorte de sus intereses.Es lamentable que las relaciones entre el Perú y Bolivia, tan antiguas como cercanas, se vean perturbadas por la agenda personalista de un gobierno como el de Morales. Y, en la coyuntura actual, en que el TLC con EE.UU. es prioridad nacional, lo que el Gobierno Peruano debe hacer es insistir políticamente sobre la pertinencia de la flexibilidad en la CAN y al mismo tiempo evaluar la posibilidad de darle acá carácter legal a estas modificaciones, en uso de la delegación de facultades para implementar el TLC.