La denuncia contra los ex procuradores anticorrupción José Ugaz y Luis Vargas Valdivia resulta, desde todo punto de vista, absurda y sospechosa, y solo desprestigia el orden democrático, que es precisamente lo que buscan los grupos desestabilizadores, como los de la mafia fujimontesinista. ¿De qué lado están los fiscales, como el doctor Víctor Raúl Rodríguez, que acusan a los ex procuradores de irregular participación en las negociaciones para obtener el video Schütz-Montesinos? Bien es cierto que, dentro del Estado de derecho que arduamente tratamos de reconstruir, nadie puede sustraerse a la ley y sus reglamentos. Pero plantear esta denuncia, en este momento, sin mayor sustento probatorio y dictando una orden de impedimento de salida, es una maniobra que debe mover a seria reflexión sobre lo que está pasando en el Ministerio Público y el Poder Judicial. Mientras algunos jueces y fiscales dejan pasar irresponsablemente el tiempo y permiten que algunos procesados de la mafia se acojan al arresto domiciliario, otros actúan con sorpresiva celeridad para acusar, quizá por excesivo formalismo, a personas que han tenido un papel descollante en la lucha anticorrupción. El caso no queda aquí, sino que podría tener consecuencias peligrosas e imprevisibles. Sería paradójico que los acusadores que actuaron correctamente contra la corrupción en nombre del Estado terminen de acusados. Peor aun: que, de insistirse en esta absurda denuncia, Schütz y Montesinos puedan solicitar que se invaliden las pruebas en su contra por haber sido, supuestamente, conseguidas de forma ilícita. Es decir, el mundo al revés, las extradiciones bloqueadas y la impunidad enseñoreada. Tal prospecto es escalofriante y sumamente nefasto para la democracia y la lucha anticorrupción. Las instancias judiciales superiores, como la Vocalía Suprema Anticorrupción, deben sopesar responsablemente todos los elementos de la sospechosa denuncia, para devolver coherencia a la actuación judicial y hacer prevalecer el orden constitucional.