Tras varios años de espera, el Ejecutivo publicó una norma que pone fin a los problemas de las empresas de servicios públicos con las municipalidades. Aprovechando el feriado y que la atención pública está en la V Cumbre ALC-UE, el Ejecutivo ha limitado el accionar de los concejos en lo que respecta a plazos para la aprobación de proyectos, montos de las sanciones y de las tasas para solicitar permisos y capacidad de tercerizar la cobranza coactiva por deudas.En ese sentido, los municipios tendrán, a partir de ahora, 30 días hábiles para responder las solicitudes de las empresas de saneamiento, gas, electricidad o telecomunicaciones sobre las obras que requieran hacer. De no responder en ese lapso, se dará por aprobada la solicitud y solo podrán responder de forma negativa si la obra afecta el desarrollo urbanístico, el patrimonio histórico o cultural o el medio ambiente.(Edición sábado).