Luego de más de cuatro meses desde la entrada en vigencia de la Ley del Silencio Administrativo, aún existen 1,735 entidades públicas, especialmente gobiernos y direcciones regionales, municipalidades provinciales y distritales, que hacen caso omiso a las leyes de simplificación administrativa, afirmó la Cámara de Comercio de Lima (CCL). Consideró que ante este desacato a la Ley del Silencio Administrativo (Ley Nº 29060) debe intervenir la Contraloría General de la República para que, a través de los órganos de control interno (OCI) de cada entidad infractora, se identifique a los funcionarios responsables y se les aplique las sanciones de ley, incluyendo su destitución.