La preocupación de las empresas privadas de destinar sus impuestos al Estado, y luego ver que este dinero no se reflejaba en la construcción de obras sociales en beneficio de la población podría tener solución con la ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado, aprobada ayer por el Pleno del Congreso.De acuerdo a la ley, ahora las empresas privadas podrán firmar convenios con los gobiernos regionales y locales para invertir en obras de infraestructura social, previamente aprobadas por el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) en las zonas donde operan.Los recursos para el financiamiento de esas inversiones provendrán de la propia empresa privada, los cuales no se sustentarán como un gasto de la compañía sino como el pago anticipado de hasta el 50% del Impuesto a la Renta."Las empresas estaban limitadas al ver que contribuían con una cantidad importante en impuestos, pero veían que sus impuestos, que deberían llegar la población, nunca llegaban. Pero ahora con la ley, ellos mismos podrán usar los impuestos para inversiones sociales", manifestó el presidente de la Comisión de Economía, Rafael Yamashiro, cuya bancada de Unidad Nacional presentó la propuesta.
- [Gestión,Pág. 2] /