El Gobierno Central, así como las autoridades judiciales y electorales, tienen que poner coto a la nueva arremetida politiquera del controvertido presidente regional de Puno, Hernán Fuentes. Este ha promovido en su consejo regional un reglamento interno que, entre otras cosas, autoriza la realización de consultas populares en esa región, lo que rebasa y contradice el ordenamiento constitucional del Estado Peruano.El caso del referéndum en Santa Cruz, en Bolivia, no puede ser invocado de ninguna manera para respaldar estas absurdas pretensiones de Fuentes de darle independencia y autonomía a su región, pues se trata de realidades y marcos legales totalmente distintos.Lo que se percibe aquí, sobre todo, es el afán de figuración política de una autoridad con profunda vocación antisistema, que previamente ha demostrado que usa su cargo para promover el separatismo e intereses ajenos a la peruanidad (como en las casas del ALBA).Yendo al fondo del asunto, debemos subrayar que, según la Constitución, solo el Jurado Nacional puede organizar referendos, que deben versar sobre determinados temas. Y la Ley 26300, de Derechos de Participación y Control Ciudadanos, dispone que los mecanismos de participación y control para los gobiernos municipales y regionales son regulados por las leyes orgánicas que emanan del Congreso. En tal contexto, la iniciativa de Fuentes de someter a consulta regional no solo el TLC con Estados Unidos, sino también la política económica y la misma Constitución, resulta por demás descabellada, absurda y totalmente inaceptable para el régimen constitucional y el Estado unitario. Es por ello que demandamos a las autoridades de los poderes públicos nacionales que respondan con suma firmeza para denunciar y desterrar esas pretensiones, sea a través de acciones judiciales o de otros mecanismos que provee el orden constitucional.A propósito de todo esto, debemos recordar que Fuentes ni siquiera cuenta con la debida legitimidad democrática, pues fue elegido ¡con menos del 19% de los votos! Ello obliga a revisar la normativa electoral para incluir, previo debate, la segunda vuelta en las elecciones regionales y municipales.