Cuando, en 1998, el hoy prófugo de la justicia Alberto Fujimori, impulsó la creación de la Ley de la Amazonía que incluía exoneraciones a los hidrocarburos. Su objetivo, entonces, era compensar los beneficios comerciales que se le dio al Ecuador en el marco del Acuerdo de Paz.La medida implicaba la exoneración de impuestos a los combustibles con el fin de impulsar la industria. Sin embargo, ello nunca se cumplió. Más bien, generó una evasión fiscal incontrolable y problemas financieros a los siguientes gobiernos y a las regiones que se formaron con la descentralización.El tráfico de combustible en la zona llega a niveles alarmantes. La Policía de Tingo María, provincia por la que pasan los camiones de combustible que se dirigen a Lima, calcula que por lo menos se comercializan unos 100 mil galones al mes, aunque Osinerg calcula que es el doble. Casi todo este volumen es comercializado a precios normales, es decir, como si pagara impuestos, cuando, en realidad, eso no llega al fisco sino que se queda en el bolsillo del vendedor que duplica sus ganancias. A eso se suma el abastecimiento, también ilegal, de queroseno al narcotráfico para la producción de PBC.Lo peor es el problema social que se ha formado alrededor de este delito. La Dirección de Energía y Minas de Huánuco calcula que, por lo menos, en la frontera con Ucayali, 350 familias se dedican a la venta de este producto en forma ilegal y en bidones.En la actualidad, este problema se ha agudizado por la presencia de Sendero Luminoso. Fuentes policiales advirtieron que las columnas al mando de Artemio, siete distribuidas a lo largo del valle del Huallaga, vienen trabajando con la mafia que trafica ilegalmente este producto. Un ejemplo claro de ello fue la emboscada a una patrulla de la Policía de Carreteras (Polcar) la semana pasada. La fuente confirmó que dicho crimen estuvo comandado por Clay, lugarteniente de Artemio y segundo del Comité Regional del Huallaga, quien habría sido contratado por los malos comerciantes para dar una señal de advertencia.