Más de una reacción generó ayer la decisión del Poder Ejecutivo de retirar el carácter de observadora que ostentaba la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos --colectivo que agrupa a 64 ONG en todo el país-- ante el Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH), organismo dependiente del Ministerio de Justicia, tomada días después de conocerse que la ONG Aprodeh envió una carta al Parlamento Europeo para pedir que no se incluyera al MRTA como organización terrorista.La primera en pronunciarse sobre este tema fue la ministra de Justicia, Rosario Fernández Figueroa, quien indicó que la publicación del Decreto Supremo 008-2008-JUS no rompe totalmente las relaciones de las ONG con el Consejo Nacional de Derechos Humanos. "No se trata de que las ONG queden excluidas. El propio decreto (publicado el domingo) mantiene lo que dice el anterior sobre el nivel de permanente coordinación con todas, absolutamente con todas", insistió la ministra Fernández.