Para lograr que la lucha anticorrupción avance y la impunidad retroceda no bastan palabras de indignación --por necesarias que parezcan--, sino emprender una acción conjunta del Ejecutivo, Congreso, Poder Judicial, Ministerio Público y organismos contralores. Evidentemente, esto alcanza a la sociedad civil que también resulta responsable cuando se convierte en cómplice del corrupto. Con mirada estratégica, los protagonistas de semejante operación tienen la misión de afinar una política de Estado que ataque este viejo mal desde diferentes frentes, con la eficacia que suponga un real y efectivo punto de quiebre.Debido a su fuerza destructora y persistente presencia, la corrupción alcanza en el Perú el nivel de mal endémico. La última encuesta nacional de Ipsos Apoyo revela que es considerada el principal problema nacional, incluso por encima del desempleo. El riesgo, además de socavar la credibilidad de las instituciones, es que se envilece los esfuerzos gubernamentales para emplear de la mejor manera los recursos públicos existentes.