Los funcionarios del Ministerio de Energía y Minas (MEM) podrían ser sancionados e incluso denunciados por las presuntas irregularidades en el proceso que desarrollaron para elegir la planta de tratamiento de afluente de ácidos (relaves mineros) del túnel Kingsmill, ubicado en Junín.Así lo establece un informe que hoy presentará un grupo de trabajo de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso al que La República tuvo acceso. Según el documento, los cuestionamientos se originaron porque "paradójicamente se escogió la planta de tratamiento (canadiense) más cara y que más tiempo demandaría construirla", según la fuente.