A pesar de que el presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, y el titular del Interior, Luis Alva Castro, manifestaron ayer que no ha habido nada ilegal en el contrato con Red Bicolor de Comunicaciones (Canal 11), la Comisión de Fiscalización del Parlamento pedirá a la Contraloría General de la República que le remita los contratos publicitarios pactados por el Estado con los medios de comunicación para examinar si se ajustan o no a la ley.Tal fue la decisión que ayer comunicó el presidente de ese grupo de trabajo, Francisco Escudero (UPP), al término de la exposición de ambos representantes del Ejecutivo, quienes fueron citados para explicar la suscripción del contrato de publicidad con RBC, cuestionado porque Miguel del Castillo, hijo del primer ministro, laboraba como asesor de la alta dirección de la televisora.