En agosto del 2007, el gobierno regional del Callao pre publicó el proyecto de ordenanza que crea la "Contribución regional para la Defensa de la Vida Humana y el Ambiente", lo que constituye un claro ejemplo del conflicto de competencias, porque la región chalaca asume facultades que no le competen según las leyes vigentes.De acuerdo a dicho proyecto, la "contribución regional", se cobraría, en principio, a todos los sujetos cuyas actividades económicas afecten la salud de la persona humana, la conservación biológica, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y/o el desarrollo sostenible de la Provincia Constitucional del Callao. Ello supone que esta pretendida ordenanza regional no debería tener nombre propio o focalizarse en un solo caso, porque hoy en el Callao circulan miles de transportistas, con un parque automotor de más de 25 años de antigüedad, operan decenas de industrias, y las municipalidades provincial y distritales no han logrado un eficiente servicio de limpieza y tratamiento de desechos sólidos; a lo que se suman los vertimientos de aguas servidas al mar por parte de la empresa que ofrece el servicio de agua potable y alcantarillado en Lima y Callao.Sin embargo, el proyecto plantea cobrar la "contribución" de manera exclusiva, y a modo de peaje, a todas las operaciones de exportación de concentrados de minerales de cobre, plomo y zinc que se realicen a través del puerto al que se accede a través de las vías del Callao. Se debe subrayar que, bajo el alcance de las normas de ámbito nacional, la "contribución" que vía "peaje" se pretende imponer a la exportación de concentrados de minerales, no tiene la calidad de una verdadera contribución, sino la de un impuesto encubierto, el mismo que de acuerdo a la Constitución, no puede ser creado por los gobiernos regionales.
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