La interceptación telefónica sigue siendo una flagrante transgresión constitucional que no hemos desterrado. Como lo demuestra el reciente caso del editor central de Opinión y Política de El Comercio, Juan Paredes Castro, la invasión a comunicaciones privadas de personajes públicos se mantiene activa, y repite los mismos métodos que el fujimontesinismo impuso como práctica habitual durante el dictatorial gobierno.Hoy fue el turno del periodista Paredes Castro. Bien vale preguntarse qué otras intromisiones --no descubiertas ni denunciadas-- vienen perpetrándose en el país. Por ello, alguien tiene que responder por la existencia de estos agentes --estatales o particulares-- que intervienen los teléfonos, pisotean libertades individuales fundamentales y, sobre todo, pretenden salir libres de toda responsabilidad y con total impunidad.Hay que investigar quién se esconde detrás del "chuponeo" telefónico. Esta vez no puede suceder lo que en ocasiones anteriores, cuando las denuncias se archivaban en el Congreso, se ocultaba información sobre la compra o posesión de equipos de interceptación o no se daba cuenta de los resultados de las investigaciones realizadas.