ORDEN Y MINERÍA INFORMAL

El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería, más conocido por su abreviatura como Osinergmin, es la institución más importante en materia de regulación en el país, pues le corresponde la supervisión del sector más relevante de la economía peruana; un trabajo arduo teniendo en cuenta que el sector minero-energético resulta el más cuestionado desde el punto de vista ambiental tanto por las comunidades y ONG ambientalistas. En verdad, desde fines de 1996 con el tiempo transcurrido han aumentado las responsabilidades del organismo regulador como también sus recursos, pues los ingresos más importantes se fijan como una participación de las regalías pagadas por las empresas de hidrocarburos y de los ingresos de las empresas eléctricas, sean de generación, transmisión y distribución.Así, con las propias fuentes de Osinergmin para 2007, los aportes del subsector eléctrico han sido de 65 millones de nuevos soles, y las transferencias del subsector de hidrocarburos incluyendo el aporte de Perúpetro suman más de 93 millones de nuevos soles. Lamentablemente, el sector minero no contribuye con una participación sobre sus ingresos, y apenas existe un arancel de fiscalización minera del orden de tres millones ochocientos mil nuevos soles.Por ello, el presidente del organismo regulador, Ing. Alfredo Dammert, expone que el "aporte que deberían hacer las mineras para su supervisión debería ser del orden de 0.01% de la facturación, cifra inferior a la que realizan los otros dos sectores pues no necesitamos más". Asumiendo que las exportaciones mineras durante el año pasado sumaron los 17,328 millones de dólares estaríamos ante importantes ingresos que podrían ser utilizados para resolver de verdad los históricos pasivos ambientales.Al margen de las cifras sería deseable fortalecer la supervisión en los tres subsectores pues existen importantes déficits en la regulación ambiental en materia de hidrocarburos, electricidad y de la minería en particular. Si bien -por ley- desde enero de 2007 se le ha transferido al Osinergmin las responsabilidades de la fiscalización minera restringiendo la misma a las operaciones de la gran y mediana minería, constituye una grave omisión haber transferido a los gobiernos regionales la fiscalización de la pequeña minería y minería artesanal, dejando en el limbo el grave problema de la minería informal.La minería informal que puede ser explicada como una estrategia de sobrevivencia o de una oportunidad social para miles de compatriotas ante la falta de empleo digno, ha invadido y/o negociado una serie de concesiones en regiones auríferas como Puno, Madre de Dios, Arequipa, Ayacucho, Ica, La Libertad, Cajamarca y Piura, entre otras, extrayendo de manera precaria más de 16 toneladas de oro, según los estudios realizados por Osinergmin, que con los altos precios internacionales que bordean los mil dólares la onza, hacen rentable las actividades con un alto nivel de contaminación en razón del uso indiscriminado del mercurio.De allí, la necesidad de fortalecer Osinergmin que en un año ha realizado importantes tareas en la supervisión ambiental minera (La Oroya, Shougang, etc.), elevando significativamente las multas con una visión preventiva, es decir, obligando a las empresas mineras al cumplimiento con las normas ambientales de seguridad e higiene en una lógica de costo/ beneficio.Sin embargo, pese al relativo éxito del organismo regulador, debería existir una superior racionalidad económica entre los recursos que la financian y los grandes déficits en materia de regulación ambiental. Por ello, resulta inexplicable que entre los activos existan montos importantes en la cuenta caja y bancos por casi 298 millones de nuevos soles, generando utilidades operativas y netas como si fuese una empresa productiva que serían transferidas al Ministerio de Economía y Finanzas, o que transfieran de sus ingresos 100 millones para electrificación rural, como si sobrasen en el país los recursos para una mejor y efectiva regulación.Por el bien del país y de un buen gobierno se trata que los organismos reguladores tengan la suficiente autonomía política, económica y administrativa, pues el problema de la regulación ambiental se convierte en el tema central para una minería sostenible y sustentable en el tiempo. La minería para seguir creciendo necesita asegurar la licencia ambiental y social. En ese sentido, la proliferación de la minería informal se constituye en un problema fundamental del país que se tiene que resolver, señala Jorge Manco Zaconetti.