La primera vez que el Congreso quiso regular el quehacer de los 684 mil burócratas que laboran en el Estado fue en el 2005, pero la futura ley se archivó. Tres años después la Comisión de Trabajo del Parlamento tiene todo listo para iniciar de nuevo una amplia discusión para la dación de la tantas veces reclamada ley del empleo público. Hay dos novedades en el dictamen que El Comercio obtuvo ayer en calidad de adelanto informativo y que empezará a debatirse dentro de 72 horas en ese grupo de trabajo: la incorporación de los principios de la evaluación y de la meritocracia como criterios básicos y permanentes para todos aquellos trabajadores estatales (sean nombrados o contratados) que laboran en los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, gobiernos regionales, municipalidades y los organismos constitucionales autónomos. Para estos efectos se pretende reactivar la Escuela Superior de Administración Pública con el nombre de Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP), la cual será la responsable de dirigir las actividades de capacitación del sector público en la mira de conseguir la profesionalización de empleado estatal.